La Dirección General de la Policía Nacional ha rechazado la “valoración especulativa” del juez Juan Carlos Peinado sobre las escoltas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha defendido “el honor, la integridad y el prestigio” de los miembros del cuerpo.
“Resulta injustificada cualquier argumentación que sitúe bajo la sombra de la sospecha la labor de los agentes, sugiriendo que estos pudieran cooperar en la elusión de la justicia o en el quebrantamiento de medidas cautelares por parte de personas bajo su custodia o escolta”, sostiene la Policía Nacional en un comunicado difundido este domingo.
Ayer Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.
En el auto, el magistrado apunta que “no cabe duda” de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez “en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboran en la acción o acciones que se llevan a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.
En el comunicado, la Policía recuerda que ejerce su trabajo “bajo los principios de neutralidad política, absoluta imparcialidad y estricto sometimiento al imperio de la ley, lo que excluye por completo el cumplimiento de órdenes que resultan manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico”.
“La honorabilidad de la Policía Nacional se fundamenta en su trayectoria de servicio público y en la confianza que la sociedad deposita en ella”, apunta el cuerpo, que añade que esta defensa de la honradez de los funcionarios “no es incompatible con el debido respeto institucional a la independencia judicial y al conjunto de las decisiones y resoluciones emanadas del Poder Judicial”.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará mañana si expedienta a Peinado por sus afirmaciones en el auto, al considerar que podrían suponer una “falta grave de consideración” respecto a los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A raíz de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó ayer la “más enérgica queja” al CGPJ y solicitó la adopción de “las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”.
En su escrito, Marlaska se quejó ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera “un hecho de máxima gravedad”.