La sentencia por el caso mascarillas con una condena de 24 años al exministro José Luis Ábalos es para el Gobierno un hecho “grave” de corrupción, pero en Moncloa se sigue escudando que ya actuaron con “contundencia” en su día para asumir responsabilidades políticas. “Tenemos claro que quién la hace la paga”, ha asegurado el ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para justificar que “el PSOE actuó meses antes” de la propia sentencia o de que se abreese el procedimiento con la expulsión de Ábalos del grupo parlamentario y del partido. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, abundó en la misma línea que “el Gobierno condena sin matices” estos comportamientos y trabaja para que “la corrupción ni se tolerare ni se aplauda” para blindarse de la asunción de responsabilidades que exige la oposición.
Fuentes de Moncloa tratan de aislar la trama de las mascarillas del resto del Ejecutivo. “Hay personas que fallan”, aseguran, para encapsularlo todo en las figuras de los condenados. Sin ni siquiera asumir responsabilidades ‘in vigilando’ ni por los nombramientos de estas personas por parte de Pedro Sánchez, que en el caso de Ábalos además de ministro de Fomento fue el secretario de Organización del PSOE. “No le restamos gravedad y ya pedimos perdón”, insisten las mismas fuentes para defender que no sería proporcionada la dimisión del presidente del Gobierno.
En el Ejecutivo cargan las tintas sobre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para deslegitimar su petición de dimisión y adelanto electoral: “Se erige como baluarte moral, cuál Torquemada, y le decimos que comience en su propia casa”, igual que ya le Sánchez en la última sesión de dijo control. “Nosotros actuamos ante el mínimo indicio”, apuntan, para acusarlo de mirar hacia otro lado en la investigación contra Alberto González Amador, pareja de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El propio ministro de Transformación Digital y futuro candidato del PSOE en las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo año, contrastó la forma de actuar de su partido ante los casos de corrupción frente a un PP que acusó de estar “volcado en proteger y amparar toda la corrupción de Ayuso”. “Lecciones del PP, ninguna”, concluyó.
El jefe del Ejecutivo también intentará poner en valor durante su comparecencia de este miércoles ante el Congreso el impulso legislativo y regulatorio frente a la corrupción. A nivel orgánico, se defiende asimismo el endurecimiento de los controles internos. Desde el compromiso “a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”, argumentaban en el Ejecutivo tras el terremoto de la sentencia por el caso de las mascarillas.
“Nadie está exento de que aparezcan casos de corrupción, lo importante es cómo se actúa y desde luego, por parte del PSOE siempre es con la contundencia, con la inmediatez y con el compromiso claro de lucha contra la corrupción”, sostienen desde el Ejecutivo. Lo que han evitado este martes desde la sala de prensa de Moncloa es entrar a valorar el contenido de la sentencia, sin criticar ni la rebaja de condena al nexo corruptor, Víctor de Aldama, ni la elevada pena al exministro. Algo que en privado sí hacían este lunes, al calificar la pena de “desproporcionada” y el PSOE como partido.
Caso Begoña Gómez
Una cautela que contrasta con las críticas al juez del caso Begoña Gómez. Tras decretar medidas cautelares, incluida la retirada del pasaporte, el titular de Transformación Digital ha cuestionado toda la causa, que calificó como “un atropello del minuto uno, desde la apertura de la apertura del procedimiento”. “Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio, desde el principio ha sido errático, un despropósito y anómalo”, añadía por su parte la portavoz del Gobierno.
Fuentes de Moncloa hablan por su parte de un “robo de derechos y garantías” y presionan para se revocar la retirada del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno “cuanto antes por parte de las instancias superiores”.
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