La jefa de la Guardia Civil española fue puesta bajo investigación formal el jueves por su presunta participación en un complot para sabotear las investigaciones de corrupción dirigidas a los gobernantes socialistas, otro golpe a un frágil gobierno acosado por problemas legales.
La supuesta artimaña es uno de varios escándalos que ponen en peligro la posición del primer ministro Pedro Sánchez, un héroe mundial de la izquierda por sus enfrentamientos con el presidente estadounidense Donald Trump e Israel.
La ex activista socialista Leire Díez y el ex peso pesado del partido Santos Cerdán son sospechosos de liderar un plan para influir y desestabilizar investigaciones legales delicadas dirigidas a Sánchez y su entorno.
La presunta trama incluía pagos o favores a personal de la Guardia Civil y fiscales “a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus funciones”, o la búsqueda de material comprometedor en su contra.
El juez de instrucción Santiago Pedraz citó a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al número dos del cuerpo policial, Manuel Llamas, a declarar como sospechosos el 16 de julio, informó la Audiencia Nacional en un comunicado.
El juez encontró “indicios de responsabilidad” en los presuntos delitos de mala conducta en el cargo y obstrucción del curso de la justicia, afirmó el tribunal.
González, ex activista socialista y diputado que fue nombrado director general en 2024 a propuesta del gobierno, ha negado haber actuado mal.
Sánchez asumió el poder en 2018 con la promesa de limpiar la política española después de que el principal Partido Popular conservador fuera condenado por su propio asunto de corrupción.
Sin embargo, asuntos separados de corrupción han involucrado a su esposa, su hermano, ex altos funcionarios socialistas y al ex presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, un tótem de la izquierda española y mentor de Sánchez.
Sánchez se ha desmarcado del presunto complot y ha rechazado las acusaciones de “corrupción generalizada” en su partido.
Ha rechazado las demandas de la oposición de dimitir y convocar elecciones anticipadas, insistiendo en que su coalición minoritaria terminará su mandato hasta la próxima votación prevista para 2027.