Su entrada en el Consejo Mundial de CGLU da por primera vez derecho de voto a la ACM en este órgano. ¿Qué gana con ello el municipalismo catalán?
Hay retos que compartimos, como todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, con las políticas de vivienda o con las políticas migratorias y desde esta organización se trabaja la hoja de ruta de las distintas ciudades del mundo. Nos aporta un plus de conocimiento que nos permitirá aprender y también dar a conocer lo que hacemos aquí. Es un reconocimiento al trabajo que hace del municipalismo catalán desde hace mucho tiempo y, concretamente, en nuestra entidad. Este mandato hemos hecho una apuesta fuerte por la internacionalización del municipalismo catalán. Hemos estado trabajando mucho dentro de esta organización, también con otras redes de ciudades. Poder formar parte de este Consejo Mundial es un reconocimiento y también es una declaración de intenciones: queremos seguir en esta línea y hacer que nuestra voz se escuche.
¿Consideras que la vivienda es el principal problema de Cataluña?
Es el principal problema de Catalunya, de España, de Europa… Tenemos un problema real de acceso a la vivienda y, sobre todo, de falta de vivienda pública. El parque público es muy minoritario y las instituciones tenemos que apostar para revertir esta situación y hacerlo rápido. Y para ello necesitamos más suelo, menos burocracia y más recursos económicos. Y eso solo será posible también si hay una verdadera voluntad de colaboración público-privada, porque solo desde lo público será muy difícil que superemos esta necesidad que tenemos hoy. No la tenemos de aquí a 20 años, la tenemos hoy.
¿Qué pueden hacer realmente los ayuntamientos ante la crisis de la vivienda?
Las ciudades podemos planificar y aportar herramientas que faciliten la construcción, pero también somos responsables de preservar la identidad de nuestros municipios y de que no crezcan en magnitudes que desdibujen esa realidad e identidad territorial. Aquí tenemos un doble reto.
Meritxell Budó (Junts), presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y alcaldesa de La Garriga, posa para EL PERIÓDICO. / Marc Asensio Clupés
¿Está de acuerdo con políticas de restricción del padrón municipal que han liderado ayuntamientos de Junts como Sant Cugat?
El padrón debe regularse porque, sobre todo, lo que tenemos que evitar es el fraude de padrón. Si una persona cumple todos los requisitos, se debe empadronar a esa persona. No puede ser de otra manera. Ahora bien, el fraude de padrón es lo que debemos combatir, y el fraude de padrón, desgraciadamente, está muy instalado en nuestros municipios. En el mío, durante todo el año vamos revisando el padrón y viendo si hay algo que no nos cuadra. Entonces, vamos dando bajas del padrón al mismo tiempo que también vamos dando altas y vamos teniendo un padrón bastante ordenado. Si haces este trabajo de manera cuidadosa, después no te encuentras con ciertas sorpresas, aunque alguna siempre hay. Puedes tener una vivienda con 24 personas empadronadas y todo esto hay que trabajarlo.
La ACM ha señalado las urbanizaciones con déficits como uno de los grandes retos urbanísticos del país. ¿Hay una deuda histórica con ellas?
Lo de las deudas históricas es muy relativa, porque probablemente la mayoría de estas urbanizaciones se forman de una manera en la que no se han generado las cesiones que tocaban o todos los servicios correspondientes. Y, poco a poco, los municipios han tenido que ir afrontando estos gastos, aunque a veces no sean urbanizaciones recibidas. Mucha de la población que está en estas urbanizaciones se ha hecho mayor y ahora hay otra realidad. Esto quiere decir que requiere otro tipo de servicios, como transporte público, y todo esto se debe poder afrontar con toda la complicidad de todas las administraciones posibles. Los ayuntamientos solos no podrán hacerlo. Los vecinos solos con contribuciones especiales tampoco. Si el Govern de la Generalitat o el Gobierno del Estado no ponen recursos, difícilmente podremos evitar que sean urbanizaciones con déficits estructurales.
La Garriga es uno de los municipios que ha dado, parcialmente, marcha atrás con la recogida de residuos puerta a puerta. ¿Cree que los ayuntamientos no deben optar por él aunque los estudios avalen su eficacia para mejorar las tasas de reciclaje?
No solo el del puerta a puerta nos debe garantizar la eficacia real. Si haciendo el puerta a puerta lo que haces es facilitar que tu ciudadanía haga turismo de basura porque no puede tirar los residuos el día que necesita y te encuentras con que los municipios de alrededor empiezan a incrementar su recolección de residuos, es que no es tan eficiente. En La Garriga habíamos pasado de vaciar 6.000 papeleras al año a 60.000. Este dato es muy bestia. En las papeleras te encuentras todos aquellos residuos que la gente no ha podido tirar el día del puerta a puerta. No había sido un sistema suficientemente eficiente porque la gente tampoco se lo había hecho suyo y lo que hemos intentado con el cambio de modelo es facilitarle la vida a la gente. Si facilitamos que no tengan que acumular residuos en su casa o que no los vayan a tirar a la papelera, mejoraremos todavía más la eficiencia de la recolección. También es cierto que vivimos en unas sociedades en las que el compromiso con la comunidad cada vez es más difícil y el incivismo aflora de una manera preocupante.
¿Está siendo la tasa de residuos un problema de gestión para los ayuntamientos?
Sobre todo para los ayuntamientos que todavía no han podido hacer el trabajo de poner una tasa justa. Es una tasa que se irá sofisticando. De inicio, lo que nos dicen Europa y la ley es que debe cubrir el costo del servicio. Esto quiere decir que en un momento del mandato ha tenido que hacer un incremento sustancial de la tasa para cumplir con la ley. Sé que una tasa de residuos es cara; una tasa de 240 o 250 euros es dinero, pero hay municipios de Europa que están pagando 500. Pero sí, es un problema porque a nadie le gusta pagar impuestos, y menos en este país. En todo caso, no debemos olvidar que esta tasa da cobertura a todo aquello que tiramos y generamos nosotros mismos. El día que dejemos de generar tantos residuos probablemente la tasa se pueda ajustar de una manera distinta, pero para ello los productores y las leyes también deben empezar a prohibir todos estos megaenvases de plástico.
Meritxell Budó (Junts), presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y alcaldesa de La Garriga, posa para EL PERIÓDICO. / Marc Asensio Clupés
Los ayuntamientos no pueden generar déficit, pero cada vez asumen más gasto. ¿El sistema empuja inevitablemente a subir los impuestos locales?
El sistema te empuja a subir impuestos, pero tú debes ser consciente de cómo tenemos de cosida a impuestos a la población de Catalunya. No sé si podemos subir más impuestos a los ciudadanos; no sé si nos corresponde que la solución siempre sea la subida de impuestos. Vamos a otras soluciones de financiación del mundo local, porque en Catalunya ya somos quienes pagamos más impuestos de todo el Estado. La solución a la financiación local debe resolverse de manera estructural. Es decir, la financiación local no puede ir solo vinculada a una voluntad política de un Govern, del Estado o de la Generalitat. Si no, nos encontramos con que estamos cubriendo muchos servicios. [que no nos competen] y nos queda por aquello cubrir que en realidad son nuestras competencias. Y a veces te falta dinero para poder hacer un buen contrato de mantenimiento del verde urbano, por ejemplo. Y esto debe resolverse de manera estructural, justa y tratándonos como administraciones mayores de edad. No como administraciones que constantemente estamos tuteladas por todo y no podemos generar déficit, cuando creo que hemos demostrado que somos las administraciones que mejor gestionamos.
¿Cómo van las conversaciones con el Govern sobre este tema?
Se están teniendo conversaciones sobre la financiación, se está hablando con el Govern de la Generalitat de una ley de financiación de gobiernos locales, pero en todo caso el problema es que en estos momentos la financiación local no depende exclusivamente de la Generalitat de Catalunya. En muy buena parte depende del Gobierno del Estado y, por tanto, con una ley solo catalana de financiación local, o es una ley que se pacta con el Estado traspasándonos el dinero a Catalunya para poder hacer una buena ley de financiación del mundo local, o si no, solo con una ley catalana tampoco resolveremos el problema.
¿Los ayuntamientos se sienten escuchados por el Govern actual?
Todos los ejecutivos, o la mayoría, han tenido siempre un diálogo fluido con el mundo local. De hecho, todos los presidentes de la ACM que me han precedido han tenido relación con el Govern. Yo, cuando era consellera de la Presidencia, tenía también un diálogo fluido con las entidades municipalistas, sobre todo en el momento que nos tocó vivir con el covid y que teníamos que coordinar todas las políticas con el mundo local. Yo celebro que el Govern de Salvador Illa quiera ser un Govern ’eminentemente municipalista’, porque creo que Catalunya, si no tiene unos municipios fuertes, difícilmente podrá ser el país que quiere ser.
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