El curso político ha quedado oficialmente inaugurado en Catalunya. Desde el Monestir de les Avellanes, en Os de Balaguer, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha movilizado a todos sus consellers para que se arremanguen ante un curso político que prevé tan agitado como ajetreado y que tendrá como una de las principales batallas el modelo de financiación. El jefe del Govern ha llamado a apretar filas porque, con las elecciones municipales y las generales a la vuelta de la esquina, tendrán que enfrentarse a “ruido” e incluso “falsedades” y ha dado por descontado que habrá quien “no tenga escrúpulos para atacar a Catalunya”.
Tras la tregua del parón estival, el día 4 de septiembre está convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrá que dejar la financiación pactada con ERC vista para sentencia del Congreso, una votación que debería producirse antes de finales de año. Aunque considera que ya ha hecho todo lo que estaba en sus manos, el presidente está dispuesto a jugar todas sus cartas para que lleguen a Catalunya 4.600 millones de euros más que pueden suponer una mayor inversión en los servicios sociales e infraestructuras.
Sabe que los presidentes autonómicos del PP no darán su brazo a torcer, menos aún con elecciones a la vista, y continuarán haciendo ‘casus belli’ del asunto. También sabe que Junts no lo pondrá fácil. Pero confía en que para el partido de Carles Puigdemont tampoco resulte sencillo rechazar esos recursos de más para los catalanes. El 22 de septiembre se reúne el Tribunal Constitucional para decidir sobre la amnistía tras el aval de la justicia europea, ya a partir de entonces se dirimirá si Puigdemont puede o no regresar, un capítulo clave desde el punto de vista del Govern para que Junts decida qué rumbo toma en Catalunya.
Pase lo que pase, el presidente ha prometido ponerse manos a la obra para tomar “grandes decisiones” que marcarán la próxima década. Sabe que no tiene por delante, precisamente, un septiembre plácido que también estará marcado por la huelga de profesores del primer día de curso, el 8 de septiembre, y la siempre imprevisible y frágil red de Rodalies. Pero al mismo tiempo dispone de presupuestos, la herramienta sobre la que se apoyará el Govern en minoría para tratar de atajar conflictos como el educativo o problemas como el de la vivienda, así como para mejorar las infraestructuras o las listas de espera de la ayuda a la dependencia. “Hay que ejecutar hasta el último euro”, ha ordenado el presidente mirando a los ojos de sus consellers.
Ante los retos de la próxima década, Illa ha invocado la “unidad”, tanto de su Gobierno como de las entidades supramunicipales. Como ejemplo ha puesto el acuerdo firmado por la Generalitat con las cuatro diputaciones para impulsar una nueva política de gestión forestal que sirva para hacer frente a los incendios. Solo este año, el fuego ha arrasado más de 4.700 hectáreas. Tras la polémica de los últimos días por la decisión de no enviar una ES-Alert en Tarragona ante los episodios de lluvias torrenciales, el presidente ha insistido en que él “no recortará ni un euro” para hacer frente a las emergencias y el cambio climático.
No solo se trataba de reafirmar que el Govern no desatiende las urgencias ante las críticas de la oposición, sino de erigirse en antagonista de Isabel Díaz Ayuso después de la gestión polémica que ha hecho este verano de los incendios que han azotado la comunidad y durante la cual los bomberos denunciaron haber sufrido recortes. Y es que, si el curso político no va a ser sosegado en Catalunya, menos prevé que lo sea una escalada estatal con PP y Vox al acecho de Pedro Sánchez, ahora a cuenta de la crisis de Ceuta.
Una vez más, Illa ha ejercido de escudero del Gobierno y ha prometido “solidaridad” para acoger a personas migrantes ante aquellos que “utilizan un drama” en la frontera que se ha llevado por delante la vida de 150 personas y “engañan” a los ciudadanos con lo que ha definido como un “falso dilema” haciéndoles elegir entre seguridad y valores humanitarios. “Hacen falta, por supuesto, fronteras seguras, debe haber normas claras, pero también hace falta capacidad de acogida. En dos palabras: orden y valores”, ha resumido.
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