Apenas cinco semanas después de que el Congreso de España derogó una prohibición nacional sobre los velos islámicos que cubren todo el rostro, el tema ha vuelto a estallar, esta vez en Orihuela.
El jueves, el Partido Popular (PP) unió fuerzas con su socio de gobierno Vox para impulsar una moción en el Ayuntamiento de Orihuela destinada a prohibir la entrada a los edificios municipales a cualquier persona que lleve prendas que oculten total o parcialmente el rostro.
La medida se produce a pesar de que el Congreso rechazó el mes pasado la propuesta de Vox de prohibir a nivel nacional el burka y el niqab en espacios públicos.
Qué dice la moción de Orihuela
La medida aprobada encarga al Ayuntamiento la elaboración de una normativa que prohíba el acceso a los recintos municipales a personas cuya vestimenta impida su identificación visual.
El texto original hacía referencia explícita a los velos islámicos que cubren todo el rostro, afirmando que:
“El uso de prendas sin arraigo en España que cubren total o parcialmente el rostro, como el niqab o el burka, impide objetivamente la identificación visual y dificulta el desempeño de funciones públicas, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las porta”.
La restricción se presenta como un requisito administrativo “objetivo” para garantizar la seguridad y la verificación de la identidad; no, insisten sus partidarios, un ataque cultural o religioso.
Furia opositora y escenas dramáticas
El debate rápidamente desembocó en acalorados intercambios.
Ciudadanos (Cs) se ofreció a respaldar la propuesta, pero sólo si Vox eliminaba las referencias explícitas a los velos islámicos. El portavoz del partido, José Aix, se opuso a lo que consideró una redacción incendiaria y exigió un texto neutral centrado únicamente en los requisitos de identificación.
El concejal de Vox, Manuel Mestre, inicialmente señaló que estaba abierto a enmiendas. Sin embargo, las reglas del consejo requieren el consentimiento unánime para modificar una moción durante la sesión. Leticia Pertegal, de Cambiemos, se negó rotundamente y declaró: “No estamos dispuestos a blanquear una moción con un trasfondo racista”.
Después de más discusiones, Cambiemos indicó que podría permitir el cambio. Pero tras un breve receso concedido por el alcalde Pepe Vegara, Mestre retiró su voluntad de modificar la redacción.
Defendió la propuesta sin rodeos:
“La libertad religiosa es fundamental, pero no absoluta. La igualdad ante la ley significa que todos deben ser identificables ante la Administración”.
Insistió en que el asunto era “estrictamente administrativo” y no un debate religioso.
Pertegal escaló aún más, calificando a Vox como “un partido sexista y misógino” que “crea conflicto donde no existe” y utiliza “debates estériles para encubrir la mala gobernanza”.
Mestre respondió condenando sus comentarios como insultantes y sugiriendo que “toma algo para calmarse”.
Por su parte, el concejal del PP, Víctor Valverde, defendió el apoyo del partido por motivos de seguridad.
Un impulso regional más amplio
Orihuela no está sola. En las regiones de Alicante y Murcia, varios ayuntamientos están debatiendo o promoviendo medidas similares, normalmente encabezadas por Vox y a menudo apoyadas por el PP.
En Alicante ciudad, Vox ha presentado una propuesta para prohibir el burka o niqab en las oficinas municipales. La iniciativa aún se encuentra en etapa de debate.
En Lorca (Murcia), el ayuntamiento ya aprobó una moción, respaldada por Vox y el PP, para prohibir el velo integral en los edificios municipales, alegando problemas de identificación y seguridad. La medida fue aprobada a pesar de la oposición del PSOE y otros partidos de izquierda.
Discusiones similares o mociones de estudio han surgido en municipios como Cartagena y Jumilla.
La cuestión jurídica
Sin embargo, los expertos jurídicos advierten que los municipios pueden encontrarse en terreno inestable.
Según el derecho constitucional español, las autoridades locales no tienen claramente el poder de restringir derechos fundamentales como la libertad de religión. La Corte Suprema anuló prohibiciones municipales anteriores de cubrirse la cara y dictaminó que tales limitaciones requieren legislación a nivel nacional.
Por ahora, la batalla sobre el uso de cubrebocas parece estar lejos de estar resuelta: pasa del Congreso a los ayuntamientos y provoca feroces enfrentamientos políticos dondequiera que surja.