El médico personal del expresident Jordi Pujol, Jaume Padrós, ha sostenido este martes que el exjefe del Govern no está en condiciones de defenderse. Después de que la Audiencia Nacional le citara para el próximo lunes para evaluar su estado de salud y determinar si puede declarar en el juicio, Padrós ha espetado en la red social X que espera que sea “para dictaminar la impprocedencia de que declarar”. “Ya podría haberlo hecho hace cinco meses. El expresidente Pujol no está en condiciones de defenderse”, ha añadido.
Padrós ha dicho que no puede “imaginar” que los jueces dictaminen lo contrario “después de tres informes clínicos y tres forenses, todos coinciden”, en que concluyen Pujol no tiene la salud necesaria para declarar. Los forenses de la clínica de Barcelona que por orden de la Audiencia Nacional le examinaron al inicio de la vista consideraron que “no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparar en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”, según aclararon en un informe que avanzó EL PERIÓDICO. Los médicos sostuvieron que “presentan actualmente un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)” y que este trastorno “asocia un deterioro cognitivo moderado, siendo este irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz”.
Pujol, que tiene 95 años, cuenta con “marcadores de alzhéimer en la sangre” y una “varias alteraciones de la memoria verbal”. […] que le lleva a confundir hechos y personas”, lo que se describe, en el informe médico presentado por la defensa, como un “deterioro cognitivo grave” que afecta a múltiples funciones mentales y que es compatible con un proceso neurodegenerativo en fase avanzada.
Pujol comparará el lunes, 30 minutos antes del inicio de la sesión prevista para las 10.00 horas, para que pueda ser examinado por los médicos forenses y, en función de su dictamen, se pueda determinar si está o no en condiciones de prestar declaración en relación con la acusación que pesa en su contra por asociación ilícita y blanqueo de capitales, delitos por los que la fiscalía pide para él nueve años de cárcel.
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