Víctimas de la dana irán hasta el Tribunal Constitucional para reclamar la retirada del aforamiento del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, todavía diputado del PP en Les Corts Valencianes. La Asociación de Víctimas de la dana del 29 de octubre, presidida por Mariló Gradolí, ha recurrido los autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que aplicaron el aforamiento al expresident al descartar indicios incriminatorios contra él en la causa de la dana, y le ha pedido que ordene la custodia de sus dispositivos y mensajes para evitar el borrado de los mismos.
La acusación particular, que representa a una treintena de familiares directos de fallecidos, sostiene que la decisión del alto tribunal valenciano consagra la “impunidad fáctica del aforado” y vulnera el derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva “real y no ficticia”.
El escrito, presentado el pasado 10 de junio y al que ha tenido acceso Levante-EMV, reitera muchos argumentos esgrimidos ya en su momento en las alegaciones al TJCV y pide al Constitucional que declare la “inaplicabilidad de la prerrogativa del aforamiento” y que ordene devolver la competencia plena al juzgado de la dana de Catarroja para que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra pueda tomar declaración a Mazón “en calidad de investigado” y “sin la traba o inmunidad del fuero autonómico”.
La solicitud llega después de que la Audiencia de Valencia haya aceptado la personación del exjefe del Consell en la instrucción de la dana en calidad de ‘preinvestigado’ para asegurar su derecho de defensa. Una categoría que le permite evitar la declaración como testigo con obligación de decir verdad y de responder a todas las preguntas e impugnar las decisiones de la instructora.
Según ha asegurado la abogada de la asociación, Miriam Salmerón, a los medios de comunicación, Mazón ha conservado el aforamiento de “manera espuria” y está teniendo “consecuencias muy negativas para la causa” como su personación. Así, la letrada define la situación del expresidente en la instrucción como “rocambolesca” y “alegal” al “gozar de todos los derechos del investigado” sin estarlo: “Estamos ante una paradoja judicial”, sostiene la abogada, que insiste en que Mazón está protaogonizando un “fraude” en su aforamiento.
Las víctimas de la dana van al Constitucional para quitar el aforamiento a Mazón /Pablo Plaza
“Dimitó asumiendo su negligencia”
La demanda recuerda que el expresidente redujo únicamente sus funciones ejecutivas, pero conservó su escaño de diputado autonómico por la circunscripción de Alicante. En su discurso de despedida, Mazón afirmó: “Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir. Pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. No sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba”. Para la acusación, con esas palabras dimitió “asumiendo su negligencia grosera”.
El núcleo del recurso es que ese acta parlamentaria se mantiene “de forma puramente artificial” con el único objetivo de eludir la responsabilidad judicial. En ese sentido, la asociación denuncia un “absentismo total a los plenos, abandono sistemático de debates, dejación del derecho constitucional al voto y cobro de complementos públicos por comisiones que no se reúnen”. El escrito incluso alude a que “los medios de comunicación hacen eco de sus estancias en la playa en horas y días laborables”, frente al deber reglamentario de Les Corts de “asistir a todas las sesiones del Pleno”.
Un aforamiento “sin vínculo funcional”
La acusación apoya su tesis en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que exige un “estricto nexo o vínculo funcional” entre el delito investigado y la actividad parlamentaria para que el fuero sea legítimo. Como los presuntos delitos -homicidio y lesiones por imprudencia grave- se cometieron en el ejercicio del Poder Ejecutivo, y no en el escaño, el aforamiento “muta en un privilegio feudal lesivo para el derecho a la igualdad procesal”.
En ese sentido, reprocha al alto tribunal valenciano una aplicación “automática, formalista y ciega” del aforamiento y que no quisiera valorar “el uso indebido del escaño”, remitiendo la cuestión a “posibles sanciones disciplinarias cuando existe un desprecio absoluto por la función parlamentaria”. Para los demandantes, es “palmaria” la voluntad de Mazón “de mantener el escaño buscando únicamente la impunidad”.
Aforamientos y mensajes
En el escrito, la asociación pide que “se reconozca el derecho fundamental constitucional de las víctimas y perjudicados a obtener una tutela judicial efectiva”, que se anulen los autos del TSJCV y “se acuerde la inaplicabilidad de la prerrogativa del aforamiento” del expresidente, “declarando la nulidad del escudo procesal del escaño al haber acreditado la ausencia absoluta de vínculo o nexo funcional con los delitos ejecutivos investigados y operando su retención del acta parlamentaria en manifiesto fraude de ley y abuso de derecho procesal”.
Pero además, reclama al Constitucional la medida cautelar para la “custodia de todos los dispositivos, soportes de telecomunicaciones, mensajería y registros de datos vinculados a los hechos del 29 de octubre de 2024” del expresidente y así evitar “la pérdida definitiva de la información digital imprescindible para la causa”. Justifica que, “de no acordarse la medida cautelar, el amparo resultará puramente ilusorio”.
Suscríbete para seguir leyendo