La continuidad de las nucleares, las restricciones a los pisos turísticos o los límites al interés del crédito al consumo son algunas de las medidas cuya suerte cambiaría según quién gobierne después del 29 de noviembre. ‘El Otro Informe 29N2026’, elaborado por beBartlet en alianza con The Forecasting Machine, estima la probabilidad de aprobación de 24 iniciativas en dos escenarios: un Gobierno de PP y Vox y otro de PSOE y Frente Amplio. El equilibrio combina continuidad y bloqueo. Cuatro superan el 50% de probabilidad en ambos escenarios; otras 15 son poco probables con cualquiera de los dos bloques; y tres iniciativas tendrían más opciones con la izquierda y dos con la derecha. El retrato general dejaría margen para acuerdos transversales en medicamentos estratégicos, financiación sanitaria por resultados y centros de datos, pero con diferencias sustanciales en energía nuclear, vivienda turística, crédito al consumo y movilidad autónoma.
En industria y energía, la gran diferencia está en las nucleares. Extender la vida útil de algún reactor tiene un 84% de probabilidades con PP y Vox, frente al 46% con PSOE y Frente Amplio. En cambio, incentivar la compra industrial de hidrógeno renovable o biometano tendría más opciones con la izquierda (65%) que con la derecha (30%). Apenas despegan la reforma de los servicios de ajuste eléctrico (22% con la izquierda y 17% con la derecha) y las rebajas de cargos o impuestos a industrias con contratos de energía a largo plazo (9% y 12%).
Sanidad es el ámbito con mayor consenso. Incentivar la fabricación nacional de medicamentos estratégicos registra un 81% de posibilidades con PP y Vox y un 78% con PSOE y Frente Amplio. También son probables la financiación de fármacos ligada a su valor y resultados (61% con la derecha y 65% con la izquierda) y la cobertura pública selectiva de tratamientos contra la obesidad (64% y 67%). Reducir los plazos de financiación de medicamentos innovadores se queda en el 36% con PP y Vox y el 29% con PSOE y Frente Amplio; un plan estatal de vacunación de adultos, en el 25% y el 23% respectivamente.
En tecnología, la coincidencia más clara es flexibilizar el real decreto de centros de datos para ajustarlo a los mínimos europeos: 81% en ambos escenarios. Los demás quedan por debajo del 50%: protección de menores en entornos digitales (45% con la izquierda y 25% con la derecha), medidas de financiación de IA industrial (41% y 30%) e inversión pública en semiconductores y tecnologías cuánticas (44% y 28%). Tampoco parece probable un programa específico de compra pública de innovación de uso dual.
En finanzas, la principal brecha afecta al crédito al consumo. Incluir un límite máximo a los intereses en la transposición de la normativa europea alcanza un 83% con PSOE y Frente Amplio, frente al 32% con PP y Vox. El impuesto permanente a la banca sigue siendo improbable: 40% con la izquierda y 19% con la derecha. En sentido contrario, elevar la deducción fiscal de los aviones de pensiones individuales registra un 46% con PP y Vox y solo un 11% con PSOE y Frente Amplio.
Turismo y movilidad presenta otra brecha acusada. Una norma estatal con nuevas restricciones a las viviendas de uso turístico tendría un 69% con un Gobierno de izquierdas, frente al 19% con uno de derechas. A la inversa, el marco legal para desplegar comercialmente vehículos autónomos sin conductor resulta más probable con PP y Vox (63%) que con PSOE y Frente Amplio (44%). La tasa turística municipal (11% con la derecha y 17% con la izquierda), los límites a la capacidad de aeropuertos y puertos de cruceros (8% y 15% respectivamente) y un fondo estatal de desestacionalización (21% y 23%) quedan lejos del umbral.
¿Y cuánto costarían las medidas?
El informe añade cinco estimaciones de impacto económico, una por sector:
En energía, mantener abiertas las nucleares costaría 62,3 euros por megavatio hora, frente a 126,8 euros de la electricidad que las sustituiría, principalmente de gas. Con los precios de octubre de 2026, el ahorro sería de 3.470 millones anuales y 12.930 millones entre 2027 y 2035; con los precios de 2025, 830 millones al año y 3.050 millones acumulados. Se evitaría importar 5,9 bcm de gas anuales y emitir 12,5 millones de toneladas de CO₂. En medicamentos, fijar en 180 días el objetivo de financiación pública adelantaría el tratamiento de unos 10.900 pacientes por cohorte anual (8.200-14.700). La estimación más respaldada corresponde a oncología y enfermedades raras no oncológicas: 3.900 pacientes. El informe advierte de que el resto de áreas, el 65% del total, depende de supuestos sin una fuente sistemática. En centros de datos, las métricas del proyecto de real decreto reducirían en 5.653 millones la inversión física de 2027-2030 frente a una regulación alineada con los mínimos europeos: 3.534 millones se perderían por deslocalización o caducidad de permisos y 2.119 se retrasarían hasta 2031.En banca, un gravamen hipotético elevaría entre 1,9 y 11,8 puntos básicos el costo del crédito nuevo; en el escenario central supondría 20 euros más al año en una hipoteca media y 36 euros en un préstamo de 100.000 euros a una pyme. En turismo, congelaría nuevas licencias en zonas tensionadas trasladaría unas 364 viviendas al alquiler de larga duración en dos años (230-490), el 90% en Catalunya.
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