Una política de la Partido político español de extrema derecha Vox está provocando un acalorado debate sobre la educación y los derechos de los niños. Apodado por Vox como el “pin parental”, la política otorga a los padres el derecho de impedir que sus hijos asistan a talleres complementarios organizados durante el horario escolar. La medida implica que las escuelas deberán pedir permiso a los padres para impartir “charlas, talleres o actividades con un carácter ideológico o moral contrario a sus convicciones”, según el texto de la política. Esto incluye charlas sobre educación sexual y Derechos LGBTQ+.
En Murcia, corresponde a los centros educativos establecer qué tipo de autorización se pide
El debate sobre la política estalló la semana pasada después de que Vox dijera que no apoyaría el presupuesto en la región de Murcia, en el sureste de España, a menos que se incluyera el veto de los padres en el programa educativo. El gobierno regional de Murcia está controlado por una coalición entre el conservador Partido Popular (PP) y el centroderechista Ciudadanos, pero depende del apoyo de Vox: no puede aprobar el presupuesto sin el voto de uno de los cuatro gobiernos regionales del grupo de extrema derecha. legisladores.
Aunque Ciudadanos inicialmente dijo que el veto de los padres era una “línea roja” que no aceptaría, el partido cedió a la demanda de la ultraderecha, llegando a un acuerdo con Vox y el PP que establece que las familias tendrán que dar su “expreso”. autorización” para permitir que sus hijos participen en actividades complementarias.
El acuerdo, sin embargo, no cambia el estado actual de la educación en Murcia. En junio del año pasado, Vox acordó votar a Fernando López Miras, del PP, como presidente de Murcia, a cambio de que se introdujera el veto parental en la región. En agosto, la consejería regional de educación emitió una orden a todos los centros educativos –desde primaria hasta secundaria– indicando que era necesario el permiso de la familia para realizar actividades complementarias en horario escolar.
Desde entonces, corresponde a los centros escolares establecer qué tipo de autorización se solicita, cómo llega a las familias y si la falta de respuesta puede considerarse una denegación.
Oposición
La medida ha recibido críticas generalizadas por parte del Partido Socialista gobernante (PSOE) y Unidas Podemos, antiausteridad. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, sugirió que la introducción del pin parental podría justificar la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Esta medida, que se puso en marcha en 2017 a raíz de la campaña independentista catalanavería suspendidos los poderes regionales en Murcia y el gobierno central en Madrid asumiría el mando.
“Imagínense un [Article] 155 en Murcia porque han negado el derecho a tratar a todos los estudiantes por igual o a garantizar el derecho de las personas más vulnerables”, dijo el lunes Rosell, de Unidas Podemos, a la cadena de radio española Cadena Ser.
Rosell aclaró posteriormente en un mensaje en Twitter que la afirmación pretendía ser irónica.
Mientras tanto, ocho ministros regionales de Educación del PSOE firmaron el lunes un documento en el que acusaban a Vox de utilizar el veto parental para “romper la concordia escolar y la cultura del diálogo para imponer un autoritarismo ciego y acrítico”.
¿Me están diciendo que tenemos familias como en Cuba, que los niños pertenecen a la revolución?
El líder del PP, Pablo Casado.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, del PSOE, también advirtió la semana pasada que el ministerio recurrirá la medida ante los tribunales al considerar que “busca menoscabar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros educativos y de sus profesores”. Según el ministro de Educación, el veto de los padres va en contra de la “formación integral de los estudiantes” prevista en el artículo 1 de la Ley de Educación.
En una entrevista con el periódico español. El Correopublicado el domingo, Celaá afirmó que un “homofóbico familia […] “No tiene derecho a hacer que sus hijos también sean homofóbicos”. “La patria potestad no se puede confundir con la propiedad”, añadió.
La afirmación de Celaá de que los niños no son propiedad de sus padres fue atacada por el líder del PP, Pablo Casado, que vinculó el argumento con el comunismo.
“¿Me están diciendo que tenemos familias como en Cuba, que los niños pertenecen a la revolución?” dijo el domingo. “¿Vamos a llegar al punto en que los niños delaten a sus padres si no son buenos revolucionarios?
Casado, que apoya el veto de los padres, añadió que la polémica se estaba utilizando como una “cortina de humo” para distraer la atención del reciente debate sobre la El gobierno nombra a la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general.
Respuesta de padres y escuelas
El veto parental ha suscitado numerosas quejas de padres y profesores en Murcia. “Hay muchos niños que se olvidan de llevar el permiso a sus padres y no podemos excluirlos de las actividades”, afirmó Mariola Sanz, directora de una asociación de escuelas de infantil y secundaria de la región.
“En el caso de que algún familiar no dé su consentimiento, a ese niño se le tiene que asignar otro profesor y espacio”, explicó, añadiendo que el Gobierno regional no ha dispuesto más recursos para cubrir estas situaciones.
Mientras que desde la consejería regional de educación afirman que el veto parental es una “demanda creciente de los padres”, Sanz cree que los padres “no entienden por qué tienen que estar supervisando lo que el colegio ha considerado interesante para la educación de sus hijos”.
Óscar Sánchez, padre de dos niños que asisten a un colegio público cerca de la ciudad de Murcia, calificó la medida de “absurda”. “Nos quejamos en la escuela pero nos dijeron que no querían problemas con las autoridades y que tenían que seguir la orden”. Según Sánchez, el veto es una pelea política que “se ha colado en la escuela” y sólo ha creado más burocracia.
Con reportaje de Virginia Vadillo, Ana Torres Menárguez y Natalia Junqueras.
versión en inglés por Melissa Kitson.