Desde hace algunos años existe en España – al igual que en la mayoría de democracias avanzadas – un descontento generalizado hacia los partidos políticos. Así lo revelan los barómetros del CIS que de manera continuada constatan que los partidos y el comportamiento de los políticos son percibidos por parte de numerosos ciudadanos como el principal problema de España. Para tratar de revertir esa imagen negativa los partidos han emprendido diversas acciones de entre las cuales destaca la introducción de mecanismos más inclusivos en la toma de decisiones con el objetivo de aparecer a ojos de miembros, simpatizantes y electores en general como organizaciones más democráticas y participativas. Por ello, en muchos partidos que no tenían esa tradición y que es más propia de otros contextos institucionales distintos al nuestro, han proliferado elecciones primarias para elegir a líderes y candidatos al tiempo que se han extendido las consultas internas, especialmente en relación con la política de alianzas, es decir a los acuerdos preelectorales y postelectorales, en los que la última palabra de la decisión se traslada a los miembros. Pero se da la circunstancia, además, de que en muchas ocasiones estos mecanismos sirven a los dirigentes para evitar tomar decisiones difíciles, en particular cuando hay diversas opciones disponibles y la militancia y el electorado están divididos, lo que les permite socializar así los eventuales costes de la decisión y argumentar que esa decisión ya no es solo cosa de las élites. Y esto es precisamente lo que va a suceder en ERC cuando a finales de mes traslade a las bases la decisión respecto al acuerdo con el PSC que ha de permitir la investidura de Salvador Illa y evitar una repetición electoral.
Este mecanismo, que para muchos es más democrático, no lo es. No por el hecho de que participen más personas en una decisión esta es necesariamente más democrática. Todo depende de la concepción de democracia que se adopte. Existen visiones participativas de la democracia que consideran que la participación es un hecho positivo en sí mismo y que cuantas más personas participen directamente en la decisión esta gozará de más legitimidad. En cambio, visiones representativas de la democracia, consideran que la delegación de la decisión en un grupo reducido de personas, si se hace a través de unos determinados mecanismos, es plenamente democrática. Y es de hecho la imposibilidad práctica de que todos los ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones lo que dio lugar al nacimiento de la idea de representación que es en la que se basan la mayoría de las democracias. Por ello no deja de resultar bastante paradójico que la operatividad de una democracia representativa, que se inicia con la formación de gobierno, acabe dependiendo de un mecanismo de democracia directa en el que participan un reducidísimo número de personas. Concretamente, unas 8700 que son los militantes con los que cuenta ERC, frente a los más de 5,8 millones de electores o los más de ocho millones de catalanes que se verán afectados por la decisión. Así pues, en realidad, más que promover la democracia interna, estos mecanismos lo que promueven es la irresponsabilidad de los dirigentes y en determinados casos una deliberada dejación de funciones por parte de algunos representantes.
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