La situación procesal de Carles Puigdemont en España no es tan clara como a primera vista puede parecer. Es cierto que el juez Pablo Llarena, instructor del procés, espera que se cumpla su orden de detención -reactivada el 1 de julio en la resolución que rechaza la aplicación de la amnistía-, pero no lo es menos que ese auto está recurrido ante el propio juez -recurso de reforma- y en apelación ante la Sala de Recursos.
Por tanto, si bien la medida cautelar del arresto en España ha sido la reactivación de una orden ya cursada con anterioridad, en lo que se refiere a la euroorden -Puigdemont carece de inmunidad europea desde el 12 de junio, cuando accedió a su acta de diputado del Parlament-, el magistrado se abstuvo de reactivarla. A partir del 4 de julio pasado cuenta con una petición de la acusación popular de Vox para que la emita. Y ni siquiera ha dado traslado a las partes.
La dilatación de los plazos en la tramitación de los recursos contra las decisiones del Supremo -auto del juez y auto de la Sala sobre la inaplicabilidad de la ley de amnistía a la malversación, ambos del 1 de julio- sitúa al juez Llarena, pues, en una situación en la que, tras cumplirse su orden de arresto -que también está incluida en el auto del 1 de julio recurrido-, tendrá que calibrar si procesalmente cabe dictar -después de tomar declaración a Puigdemont- ante la petición, ya anunciada por Vox, de una orden de ingreso en prisión sin fianza. Porque, como hemos apuntado, los recursos están pendientes de resolver, por él mismo y por la Sala de Recursos, una vez que él reafirme su posición.
Pero más allá de esta situación procesal, delicada como mínimo, la pregunta también es por qué Puigdemont pretende, al cabo de siete años, colocar la situación al borde del abismo y utilizar su detención como último recurso contra la investidura del primer Gobierno completamente ajeno al independentismo desde 2010.
Para Puigdemont es el fin de la historia. Y quizá le asiste la razón: el fin de la historia del procés acaecerá el día que Salvador Illa asuma la presidencia de la Generalitat. Pero ese acto será la formalización de un estado de cosas. La pérdida de mayoría absoluta el 12 de mayo de 2024 y la votación de la militancia de ERC y de Jovent Republicà, el pasado viernes y este lunes, confirman que es el fin de la historia del procés.
La carta de tono nostálgico inocultable de Puigdemont del sábado 3 de agosto, empero, reconoce que “la política catalana entra en una nueva etapa, compleja y difícil, y requiere que haya organizaciones capaces de devolver confianza y esperanza a la gente que sueña con una nación libre y próspera”.
Si es así como dice, ¿cómo evitará su retorno esa nueva etapa? Así como ERC interpretó desde la noche del 12 de mayo que los resultados la devolvían a la oposición, Puigdemont trabajó por la repetición de elecciones, a fin de elevarse como la única voz del independentismo contra el PSC. La vuelta a Cataluña-España con la que el expresident soñaba no era con ocasión de la investidura de Illa, sino con la de la suya propia como nuevo president de la Generalitat.
Puigdemont hizo público a primeras horas del 26 de octubre de 2017 que contemplaba convocar elecciones autonómicas en Cataluña. La presidencia de ERC -Oriol Junqueras no quiso pronunciarse la víspera, en la reunión de la tarde-noche del 25 al 26 de octubre- no había terminado de disuadirle.
No era una ocurrencia. Mantenía desde hace días Puigdemont contactos con Andoni Ortúzar, presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el lehendakari Iñigo Urkullu, quienes actuaron como puente para persuadir a Mariano Rajoy de que en ese caso se comprometiera a no aplicar el artículo 155 de la Constitución (intervención de la Comunidad Autónoma).
La acusación de las 155 monedas de plata de esa mañana y la agitación política que personalizó a Puigdemont como ‘botifler’ en Barcelona y toda Cataluña provocaron un nuevo vuelco de la situación -abandono de la convocatoria electoral y vuelta a la declaración de independencia- que el president justificó con la falta de garantías por parte de la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría y de Rajoy sobre la exigencia de olvidar el 155. Tanto Ortúzar como Urkullu expresaron su opinión de que si Puigdemont convocaba elecciones no se aplicaría la intervención del gobierno de la Generalitat.
Evocar esta historia no es baladí. Porque el camino emprendido -represión policial, judicial y extrajudicial mediante- ha sido tortuoso y costoso para una independencia impracticable. O como lo dijo de manera brutal Clara Ponsatí el 9 de junio de 2018. “Estábamos jugando al póquer e íbamos de farol”. Una afirmación que inspiró de facto a los autores de la sentencia del procés al sostener que se trataba de un “ensueño” y un “fingido liderazgo”.
Las opciones de Puigdemont serían ahora las siguientes: 1. Regresar a Cataluña-España, ser arrestado, prestar declaración ante el juez Llarena y quedar en libertad provisional con o sin fianza, o ingresar en prisión provisional sin fianza de manera indefinida. 3. Votar telemáticamente desde Bruselas este jueves 8 de agosto en la investidura, ya que el Parlament ha aprobado dicho sistema y es legal (hasta que se resuelvan los recursos ante el Tribunal Constitucional). 4. Permanecer en Bruselas sin inmunidad o trasladarse para su mayor seguridad a Suiza.
Todo ello mientras se sustancian los recursos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y llega el momento, septiembre con casi seguridad, de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, contra la denegación de aplicarle la ley de amnistía. Desde luego esta etapa procesal no será inmediata, habida cuenta de la “triple muralla” levantada por el Supremo ante el TC (rechazo directo de aplicar la ley de amnistía, cuestión de inconstitucionalidad y posible cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE).
Un recurso de amparo de Puigdemont no podrá ser resuelto por el TC antes de ocho meses.
“Es difícil saber cómo va a actuar uno y otro. Ambos corren serios riesgos. Si Puigdemont vuelve como dice, se mete en la boca del lobo. Irá a la cárcel seguro, y es muy difícil prever durante cuánto tiempo. Y será una inmolación inútil, porque aparte de incordiar, no conseguirá nada, y puede quedar preso y en ridículo. Y Llarena puede estar en una situación muy débil, si acuerda una prisión incondicional e indefinida de un expresident de la Generalitat y diputado, apoyándose en Vox como única acusación y en un auto de denegación de la amnistía que no es firme, y cuya inconsistencia no es difícil de demostrar”, advierte a EL PERIÓDICO una fuente judicial relevante.
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Y esto, que diría Rajoy, es lo que hay.
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