Los manifiestos de adhesión a Pedro Sánchez se suceden desde las distintas federaciones y cargos institucionales. El último de ellos, firmado por los alcaldes y presidentes de diputaciones, describe una campaña contra Pedro Sánchez que compara con “una corriente de impulso al lawfare que ha tenido ya sus primeros precedentes en Europa”. Como ejemplo, citan los casos del ex primer ministro de Portugal, António Costa, y la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. Ambos ambadonaron sus cargos por investigaciones judiciales que finalmente fueron archivadas.
La carta del presidente del Gobierno ya desliza, aunque sin hacer referencia directa al lawfare, el marco de la guerra sucia política con connivencia judicial, mientras que otros dirigentes ha aludido a los casos de Costa y otros dirigentes extranjeros. El mismo miércoles en el que se conoció la investigación a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, el argumentario más repetido por los ministros y dirigentes socialistas fue el de “denuncia falsa”. Campaña y bulo fueron otros de los conceptos más repetidos por los socialistas, tratando de mezclar la investigación judicial con la fiscalización política de los populares sobre Begoña Gómez por un supuesto conflicto de intereses de Gómez relacionado con el rescate a Air Europa (Globalia).
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, habló de investigación prospectiva para denunciar que se deba demostrar la inocencia de alguien en lugar de señalar con pruebas la culpabilidad. “Un país en el que hay que demostrar la inocencia, eso es tremendo», exclamaba en los pasillos del Congreso. Lo que sí evitaron en todo momento desde el Gobierno fue en cuestionar directamente al juez que decidió abrir diligencias por la denuncia, el titular del juzgado número 41, Juan Carlos Peinado.
La situación es inédita y los pronunciamientos de miembros del Gobierno no se quedan atrás. Este mismo viernes, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, magistrado en excedencia, se manifestó por primera vez desde que está en política en contra de una actuación judicial. Tras asegurar que la querella «adolece de ningún contenido incriminatorio», concluyó que el juez debería haber archivado la denuncia, un «sobreseimiento libre», en lugar de abrir diligencias previas.
Entre las pocas personas que reconocen haber hablado desde el miércoles por la noche con el presidente del Gobierno está su homólogo brasileño, Lula Da Silva. Precisamente, el simbólo del ‘lawfare’ al que, sin nombrarlo directamente, asocian desde el PSOE la campaña de “acoso y derribo” a Sánchez a través de su esposa, Begoña Gómez. El motivo por el que el jefe del Ejecutivo se plantea en su carta diriga a la ciudadania “si merece la pena” seguir al frente de la presidencia del Gobierno. La denominada guerra sucia, en el terreno judicial, político y mediático, marcó la biografía política de Lula. Inhabilitado y hasta encarcelado por un caso de corrupción, años después se anularon todos sus cargos y volvió a la primera línea política para ser reelegido presidente.
El manifiesto «a favor de la concordia y la convivencia democrática», como recoge Europa Press, lo impulsa la alcaldesa de A Coruña y vicepresidenta primera de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y, según el PSOE lo firman más de 2.500 alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales, cabildos y consells del PSOE y de otros partidos «progresistas».
«Incompatible» con la democracia
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Según indica el texto, dan este paso a raíz de la decisión de Sánchez de abrir un periodo de reflexión para decidir si continúa al frente del Ejecutivo, que se produjo a raíz de las investigaciones a su mujer, Begoña Gómez.
Los firmantes señalan que la decisión de Sánchez viene condicionada por «comentarios y acciones difamatorias» hacia su persona y su entorno, que traspasan del campo político al personal. «La deriva de los discursos y las campañas de los últimos años promovida por parte de la extrema derecha y la derecha extrema son incompatibles para los alcaldes y alcaldesas progresistas con los valores democráticos y suponen un peligro para la convivencia», señalan.
Entre los firmantes, están Javier Ayala , alcalde de Fuenlabrada y portavoz del grupo socialista de la FEMP; Jaume Collboni , alcalde de Barcelona; Carolina Darias , alcaldesa de Las Palmas; Abel Caballero , alcalde de Vigo; Maider Etxebarria , alcaldesa de Vitoria; Miryam Andrés , alcaldesa de Palencia; Antonio Rodríguez Osuna , alcalde de Mérida; David Bote , alcalde de Mataró; Mariví Monteserín , alcaldesa de Avilés; Carlos Fernández Bielsa , alcalde de Mislata; y Francisco Reyes , presidente de la Diputación de Jaén.
Señalan además que como personas que se dedican al ejercicio político, quieren expresar su «empatía y solidaridad» a todas las personas que han sido objeto de ataques, insultos «promovidos desde estas actitudes radicales e intolerantes».
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El documento, que no lleva la siglas de ningún partido, cuenta además con el respaldo de todos los alcaldes y alcaldesas de las capitales de provincia y principales ciudades socialistas, además de los presidentes de diputación y cabildos y los presidentes y presidentas de las Federaciones de Municipios de Cataluña, Canarias, Asturias, Galicia y Extremadura, según indican fuentes del PSOE.
