El sector turístico en la Comunidad Valenciana ha batido récords de visitantes este verano. Solo la ciudad de Valencia ha registrado sus mejores cifras históricas para un mes de julio, con casi 200.000 turistas y más de 483.000 pernoctaciones en hoteles gracias al aumento de visitantes extranjeros. Los apartamentos turísticos también han logrado reservas que han llegado al 97% en zonas, reavivando así el debate sobre la conveniencia de implantar una tasa turística en la Comunitat Valenciana como ya han hecho otras regiones de España y muchas ciudades europeas, como forma de compensar el desgaste de los servicios públicos derivado de las visitas o con el objetivo de reinvertirlo en el sector.
Desde junio ya estaba claro que este verano podía ser histórico en materia turística. Alicante y su costa llevan años posicionándose entre los destinos preferidos por nacionales y extranjeros. A ello se suman las recientes publicaciones en revistas y portales digitales, como Forbes, que sitúan a Valencia como la ‘mejor ciudad para vivir o retirarse’. Castellón también ha experimentado un fuerte crecimiento gracias a la popularidad de determinados municipios o al ‘descubrimiento’ de otros a través de las redes sociales, generando un efecto llamada. Tanto es así que ya en el sexto mes del año los aeródromos valencianos recibieron a miles de turistas, augurando lo que estaba por venir en los meses de mayor afluencia de la temporada estival.
Estas cifras vuelven a plantear la posibilidad de que se imponga un impuesto que nunca se ha aplicado en la Comunidad Valenciana. El anterior Gobierno autonómico liderado por el PSOE aprobó este impuesto en 2022 pero incluyó una moratoria de un año para su aplicación. Sin embargo, antes de cumplirse el plazo, el nuevo Gobierno del PP de Carlos Mazón cumplió su promesa electoral de derogarlo y, por tanto, nunca se activó.
La razón por la que el PP tomó la medida fue porque dijo que quería apoyar a los empresarios hoteleros y de la hostelería, que se habían quejado de que el impuesto dañaría su negocio, a pesar de que para ellos mismos aumenta tanto los precios como los beneficios en mucho más que las pequeñas contribuciones que habría tenido el impuesto, y no ha dañado a otras áreas en las que ha existido durante años.
Sin embargo, a la vista de la situación actual, y con un cierto hartazgo social en cuestiones relacionadas con el turismo como los pisos ilegales, esta cuestión vuelve a resurgir. Y ello bajo la idea de sufragar los gastos que genera el turismo de masas en las ciudades. La alcaldesa de Buñol, famosa por eventos turísticos como la Tomatina, Virgina Sanz, pese a que fue su partido, el PP, el encargado de eliminar el impuesto previsto, se manifestó hace unos días a favor de la posibilidad de que cada municipio pudiera tener margen para implantarlo, por ejemplo para contribuir al control de aforo como ocurre con la Tomatina y para paliar los gastos que debe asumir el consistorio.
Una línea discursiva que no se aleja demasiado de la aprobada por Compromís, PSPV y Unides Podem. Este miércoles, el portavoz de la coalición valenciana en Les Corts, Joan Baldoví, consideró que se trata de una propuesta “muy razonable que se aplica de forma generalizada en Europa”.
Si en 2024 en la Comunidad se producen en torno a 54 millones de pernoctaciones, “a dos euros de tasa turística, serían 109 millones de euros que se podrían repartir en pueblos y ciudades”. “Significaría poder contratar a 2.000 médicos, dar ayudas al alquiler a 5.000 beneficiarios más o tener 2.500 profesores más en nuestro sistema educativo”, apunta Baldoví.
Mientras muchos de los hoteleros se están lucrando con las subidas de precios, a la vez que niegan financiación pública para saciar su avaricia, una idea que defiende el Gobierno del PP, lo cierto es que ya son varias las ciudades europeas que cobran por las estancias en sus territorios. En concreto, se paga una tasa en 137 ciudades europeas de 20 países. España es una de ellas, pues Baleares y Cataluña ya la tienen activa. En otros lugares como Sevilla o el País Vasco, está en debate.
En el vecino Portugal, ciudades como Oporto y Faro ya cuentan con ella, además de 35 ciudades italianas como Roma y Venecia; y otras 50 en Francia. Generalmente, se trata de una tasa que grava las pernoctaciones y que oscila entre un céntimo y cinco euros, aunque está el caso de Ámsterdam, donde la tarifa por noche y visitante alcanza los 20 euros, la más cara de Europa.
En Alemania, por ejemplo, ciudades como Berlín y Hamburgo tienen un “impuesto sobre el alojamiento” que suele rondar el 5% de la factura del alojamiento. También hay otros destinos que aplican algún tipo de impuesto, como Viena en Austria; Bruselas, Amberes y Brujas en Bélgica; Praga en la República Checa, Budapest en Hungría. También existe en ciudades de Bulgaria y Grecia. Ninguna de ellas ha visto nunca un descenso del turismo como consecuencia de ello.