El Gobierno mantiene el calendario previsto para el cierre de las centrales nucleares pese al apagón eléctrico del 28 de abril, aunque advierte que ninguna de ellas se desmantelará “si no se cumple el principio de garantía de suministro”. Así lo ha asegurado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, tras una semana de incertidumbre sobre la seguridad del sistema eléctrico y el papel que deben desempeñar las distintas tecnologías de generación. La dirigente ha calificado de “absurda” la idea de vincular la posible prórroga de las nucleares con el incidente del lunes.
En declaraciones recogidas de ‘La Vanguardia’ y ‘El País’, Aagesen ha recordado que el calendario pactado con las empresas propietarias de las centrales sigue vigente y que hasta la fecha no se ha recibido ninguna solicitud formal para prolongar su vida útil. “Las empresas han dicho públicamente que están analizando esa posibilidad, pero no han hecho ninguna propuesta en firme al respecto”, ha explicado. En caso de que llegara una petición, el Ejecutivo advierte que no aceptará una ampliación que repercuta en costes adicionales para los consumidores, ni en materia de residuos ni por otros motivos.
La vicepresidenta ha insistido en que el cierre de instalaciones nucleares solo se paralizará si se compromete la garantía de suministro, tal como marca la Ley del Sector Eléctrico. “Ese anclaje ahora mismo no es necesario”, ha subrayado, al tiempo que ha defendido la evolución tecnológica del sistema y el avance en interconexiones. En el caso de Catalunya, donde existen tres reactores -Ascó I, Ascó II y Vandellòs II-, ha reiterado que se cerrarán según lo previsto entre 2030 y 2035, aunque ha añadido que “el seguimiento será constante”.
Un informe europeo en seis meses
Respecto al apagón del lunes, Aagesen ha asegurado que el sistema eléctrico opera ahora “con condiciones extraordinarias de seguridad”, aunque ha reconocido que esto tiene un coste adicional para los consumidores. En paralelo, se ha abierto una investigación nacional y se espera un informe preliminar por parte de los organismos europeos en seis meses. En ese proceso no se descarta ninguna hipótesis, incluido un posible ciberataque.
La vicepresidenta ha rechazado con firmeza que las energías renovables sean responsables del fallo. “Señalar a las renovables como causa del cero eléctrico es irresponsable y simplista“, ha dicho. Según su análisis, el sistema ya ha operado en días con más generación solar y menor demanda sin registrar incidencias. “España será verde o no será”, ha sentenciado, defendiendo la importancia estratégica de contar con energía autóctona en un contexto geopolítico incierto.
Responsabilidades políticas
En cuanto a la asunción de responsabilidades políticas por las pérdidas económicas derivadas del apagón -que algunas estimaciones sitúan en 800 millones de euros-, Aagesen ha señalado que “solo cuando sepamos las causas se podrán pedir responsabilidades”. Mientras tanto, la comisión de investigación trabaja con el objetivo de esclarecer los hechos y evitar que se repitan.
La ministra para la Transición Ecológica ha defendido el papel de Red Eléctrica, destacando que no hay motivo para pedir dimisiones y que su operativa actual responde a un ejercicio de prudencia, aumentando la reserva de fuentes convencionales para garantizar el suministro. Además, ha insistido en que el sistema eléctrico español está preparado para gestionar situaciones complejas –está acelerando un nuevo sistema ‘anitapagones’– y que la colaboración entre todos los agentes implicados está siendo total.