Una semana más tarde de lo inicialmente previsto -se aplazó a causa del apagón eléctrico-, el Govern y los Comuns han presentado el último paquete de su acuerdo para que la Generalitat pueda disponer de una inyección de recursos de hasta 4.000 millones de euros pese a que la legislatura transite con los presupuestos prorrogados. Se trata de un pacto que incluye elevar a 850 millones de euros la cantidad de recursos propios que la administración catalana destina a vivienda pública y la creación de una oficina antidesahucios. Todo, a cambio del ‘sí’ del grupo de Jéssica Albiach tanto a las dos ampliaciones de crédito ya aprobadas por valor de 3.400 millones de euros como a la de 469 millones que el president Salvador Illa todavía tiene que pactar también con ERC.
La entente con los Comuns incluyen otros compromisos que ya formaban parte del acuerdo para la investidura, como la creación de un cuerpo de un centenar de inspectores para aplicar el régimen sancionador de la ley de vivienda, la inversión de 13 millones para desplegar el dentista público y otros 10 para salud mental. En las últimas semanas, los ecosocialistas habían advertido de que su apoyo a las ampliaciones de crédito estaba condicionado a alcanzar un pacto de carácter “global” sobre a qué se destinará ese montante adicional.
Este miércoles se convalidará en el Parlament el primer suplemento, de 2.100 millones para gastos corrientes; y está pendiente de ser ratificado también el de 1.300 millones amarrado con ERC la semana pasada para salarios de funcionarios y compensaciones a los sectores afectados por los aranceles o, en el caso de los agricultores de Lleida, por la granizada de hace tres semanas. La alianza presentada este lunes con los Comuns es también por la cantidad de recursos que queda en el aire por inyectar: esos 469 millones que no están aún comprometidos y que los socios tratan de definir su destino.
El flanco de ERC
Los Comuns ya han hecho su parte estrechándose la mano con la consellera de Economia, Alícia Romero, pero el Govern tendrá que hacer compatible esa alianza con el acuerdo -el tercero en el ámbito presupuestario- que persigue con ERC y que quiere cerrar antes de que se acabe este mes de mayo. Las negociaciones ya están en marcha y los republicanos plantean más recursos para avanzar en el traspaso de Rodalies y potenciar la Agència Tributària de Catalunya con la vista puesta en la financiación singular. También avanzar en la gratuidad de la educación de los 0 a los 2 años y más inversiones en vivienda.
Reclamaciones que, sumadas a las de los Comuns y a los proyectos que también quiere impulsar el Govern, como los 150 millones para la ley de barrios, superan el montante de dinero disponible. Habrá que ver cómo cuadran finalmente los números de este último episodio que, una vez cerrado, garantizará la estabilidad de Illa por los menos hasta la negociación de los presupuestos de 2026, carpeta que los socialistas intentarán abrir después del verano. Eso sí, entre medio tendrá que afrontar la próxima meta de la financiación singular, que consiste en formalizarla, antes de julio, como un pacto entre la Generalitat y la Moncloa. Y por el flanco de los Comuns, materializar la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones y el incremento de la tasa turística.