Madrid y la Generalitat se enfrentan por el control de las viviendas frente a la playa de Babilonia. Valencia es acusada de vulneración de competencias del Estado y “deslealtad institucional”
El Gobierno central español, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ha solicitado formalmente a la Generalitat Valenciana que revoque las medidas adoptadas para frenar el derribo de las casas centenarias de Babilonia en la playa de Guardamar. El Ministerio amenaza con emprender acciones legales mediante un recurso contencioso-administrativo si la Generalitat no cumple.
Este conflicto surge de la decisión de la Generalitat de admitir a trámite la declaración de la zona residencial como “núcleo urbano con especial valor etnológico” y una posterior suspensión cautelar de los derribos, a pocos días de que venciera el plazo del 15 de septiembre para que los vecinos llevaran a cabo los destrozos de sus viviendas ordenados judicialmente.
Los derribos fueron ordenados por el Ministerio, avalados por sentencias definitivas de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, por falta de título de ocupación válido de los inmuebles situados en el dominio público marítimo-terrestre. Los tribunales y el Ministerio han citado preocupaciones medioambientales y de seguridad, incluido el impacto de los edificios en el sistema dunar y el riesgo que supone la acción del mar. Los vecinos habían aceptado la demolición voluntaria antes de la fecha límite, pero paralizaron las obras tras las medidas de protección de la Generalitat.
El Gobierno central sostiene que la actuación de la Generalitat –basada en una nueva Ley de Costas valenciana cuya constitucionalidad está en negociación– constituye una “deslealtad institucional” y una “extensión indebida de las competencias regionales” en un ámbito exclusivamente reservado al Estado: definir el régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre. El Ministerio sostiene explícitamente que las medidas de la Generalitat, incluido dar al Estado sólo ocho días para reaccionar, están diseñadas para evadir una orden administrativa y judicial firme de demolición y potencialmente vaciar de contenido la competencia del Estado.
Pese al requerimiento del Gobierno Central, que la Generalitat tiene un mes para abordar, el Gobierno valenciano ha dado señales de que se mantendrá firme. Sostiene que el conjunto residencial tiene un importante valor cultural, histórico y etnológico que justifica su conservación, incluso en terrenos costeros públicos.
La insistencia de la Generalitat en proteger las viviendas la pone en apoyo de los residentes afectados, que se enfrentan a la pérdida de sus propiedades y de toda una vida de recuerdos. La batalla judicial resultante retrasaría inevitablemente la ejecución de la orden de demolición. El contexto más amplio incluye negociaciones en curso entre las dos administraciones sobre la constitucionalidad de la Ley de Costas Valencianas, con el Gobierno Central considerando un recurso ante el Tribunal Constitucional.