El Senado español votará este miércoles la reforma o no del Código Penal para que el corte de servicios a inmuebles ocupados deje de considerarse un delito de coacción.
La iniciativa fue presentada por el opositor Partido Popular (PP), cuyo principal objetivo es garantizar que los propietarios de inmuebles ocupados no se vean obligados a seguir pagando el agua, la luz o el gas sin cometer un delito.
Esta medida llega después de que la ley antiokupas, impulsada por el PP, fuera bloqueada en el Congreso de los Diputados.
Según el PP, sólo en 2024 se denunciaron en España 16.400 casos de okupación y allanamiento de morada, la tercera cifra más alta desde que el Ministerio del Interior empezó a recopilar registros.
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“Estamos ante un aumento de la okupación del 7,4 por ciento respecto al año anterior”, afirma el PP.
“Para clarificar criterios y asegurar su aplicación legal en toda España, debe incluirse como excepción al delito de coacción regulado en el Código Penal”, añaden.
Con esta propuesta, el PP pretende reducir el tiempo que un okupa pasa ilegalmente en una vivienda, ya que carecerá de suministros básicos y le impedirá instalarse en la vivienda a largo plazo.
Creen que esta iniciativa obligará a los demás partidos a “reestablecer una posición sobre el problema de la okupación ilegal”.
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En cuanto al número de viviendas okupadas por comarca, Cataluña ocupa el primer puesto con un total de 7.009 casos denunciados. Le sigue Andalucía con 2.207, Valencia con 1.767 y Madrid con 1.451 viviendas ocupadas.
La ley contra la okupación española no entró en vigor hasta abril de 2025 y su objetivo era acelerar el proceso legal y permitir “desalojos exprés” de okupas (conocidos como okupas en español).
Hasta entonces, el desalojo de los okupas había sido un proceso notoriamente lento y empantanado por procedimientos burocráticos. En algunos casos, los propietarios han tardado meses o incluso años en recuperar su propiedad.
La ley prometía poder desalojar a los okupas en un plazo de 15 días desde la presentación de la denuncia, pero la El PP denunció que el Congreso de los Diputados está “manteniendo como rehén la ley anti-okupación” y no está funcionando como estaba previsto.
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El cambio de regla sólo abarcó a las okupas y no a las llamadas Inquiokupas. Esto ocurre cuando un inquilino legal deja de pagar el alquiler y luego se niega a abandonar la propiedad. Según la ley anti-ocupas ilegales de abril, los propietarios no podían desalojar a este tipo de ocupantes ilegales.
El PP quiere animar a los propietarios a poner sus viviendas vacías en el mercado de alquiler y darles garantías de que si sus inquilinos dejan de pagar el alquiler mensual y los gastos correspondientes, los propietarios no tendrán que hacerse cargo del coste de los servicios públicos.
Si esta medida se aprueba en el Senado, la aprobación final aún tendrá que tener lugar en el Congreso en una fecha posterior antes de que entre en vigor.