El miércoles, representantes del sector del taxi se reunieron con la presidenta Prohens y le advirtieron de que se producirá una “masacre” del sector si se conceden 10.000 licencias VTC.
Significa ‘Vehículo de Transporte con Conductor’, son licencias con las que opera Uber. Se han solicitado 10.000, 3.500 en Mallorca y el resto en Ibiza. Fueron presentadas en 2023 en previsión de cambios legislativos, y una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares obliga ahora al Gobierno a tramitarlas.
El Parlament Balear aprobó una moratoria para frenar la avalancha de solicitudes hasta que se regule el servicio, pero estas licencias han quedado excluidas de esta suspensión. Por lo tanto, crece la preocupación en el sector del taxi, ya que el tribunal dictaminó que el gobierno debe reexaminar 600 solicitudes de una empresa específica (Moove Cars). Este precedente podría aplicarse a todas las demás aplicaciones.
La sentencia anuló un mecanismo que el Gobierno había adoptado para frenar los VTC -un ratio basado en el número de taxis (un vehículo de transporte por cada 12,6 taxis en Mallorca)- que servía para establecer un límite máximo. El tribunal consideró que este criterio no estaba suficientemente justificado. Su fallo no implica la concesión automática de las licencias, pero sí obliga al Gobierno a reconsiderarlas caso por caso.
En la reunión, los taxistas presentaron un argumento que quieren que el gobierno considere al denegar la autorización de la licencia. Esto se debe a la ausencia de fronteras regionales y a la relativa falta de carreteras que en última instancia sean de propiedad estatal, por ejemplo, autopistas. En Baleares no puede haber cruce de fronteras. Las licencias surgen de la autorización estatal pero son otorgadas por el gobierno regional mediante facultades delegadas.
El presidente de la federación de taxistas, Gabriel Moragues, afirmó que estas licencias “serían insostenibles para el modelo económico de Baleares” y se refirió a “mafias que especulan con un bien público”. En otras partes de España, las empresas de inversión han adquirido licencias pagando tarifas insignificantes y luego las han vendido a precios mucho más altos, obteniendo así ganancias millonarias.
Añadió que la llegada de estas empresas a Baleares sería “inaceptable” para la rentabilidad del sector del taxi y que Uber, que sí tiene presencia en las islas, incurre en competencia desleal. “Uber cobra menos en invierno y cuatro veces más en verano. Los coches atraen clientes en los paseos marítimos, algo que no les permiten. Uber no quiere coexistir”.
Jordi Mora, presidente de la federación Pimem de asociaciones de pequeñas y medianas empresas, afirmó: “Tenemos que preguntarnos qué modelo queremos para las islas: 2.500 taxis, 2.500 familias, 2.500 pequeñas empresas o dos o tres grandes operadores especulativos que engañan al sistema”. Advirtió del impacto que una afluencia de coches podría tener en la región, especialmente porque el debate en Mallorca gira en torno a cómo establecer límites.