Doce personas han sido investigadas por la Guardia Civil de España después de supuestamente actuar como “mulas bancarias” para una banda internacional de cibercrimen que estafó a una víctima por más de 442.000 euros.
Los sospechosos, ocho hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 75 años, están acusados de fraude, blanqueo de dinero y acceso ilegal a sistemas informáticos en el marco de la Operación Vicentius.
La policía dice que la víctima fue atraída por falsos “asesores financieros” en línea que prometían enormes ganancias a través de inversiones en criptomonedas. Después de realizar un pequeño pago inicial, a la víctima se le mostraron gráficos manipulados en una plataforma comercial falsa que parecía mostrar ganancias rápidas.
Alentada por los resultados falsos, la víctima transfirió sumas cada vez mayores y acabó perdiendo 432.000 euros en criptoactivos.
Luego, los estafadores persuadieron a la víctima para que instalara un software de acceso remoto que les permitiera tomar el control de su computadora y teléfono móvil. Con pleno acceso a los datos bancarios y personales, la banda vació las cuentas e incluso obtuvo dos préstamos instantáneos por valor de 10.450 euros a nombre de la víctima, lo que elevó las pérdidas totales a 442.650 euros.
Los investigadores también identificaron a dos ciudadanos chinos como presuntos miembros de la organización criminal más amplia.
Las “mulas bancarias” trasladaron el dinero robado por todo el mundo
Los doce sospechosos actuaron como “mulas bancarias”, abriendo o prestando cuentas para recibir dinero robado antes de transferirlo a través de múltiples transferencias o convertirlo en criptomonedas, una táctica diseñada para ocultar el rastro y proteger a los verdaderos autores intelectuales.
Los detectives rastrearon 42 transferencias distintas a cuentas en Dinamarca, Lituania, el Reino Unido y China, exponiendo una red internacional de lavado que se extendía por Europa y Asia.
La investigación comenzó después de que la víctima informara sobre movimientos bancarios inexplicables en La Rioja y continúa en curso, y los agentes ahora intentan recuperar los fondos faltantes.