El Gobierno balear ha aumentado su capacidad para inspeccionar e imponer sanciones por actividades ilegales de transporte de pasajeros, especialmente en aeropuertos, puertos y zonas de alta demanda. Entre otras medidas, se han aumentado las multas por solicitación ilegal y ahora oscilarán entre 6.000 y 12.000 euros.
Esta medida se ha introducido mediante una modificación de la Ley de Proyectos Estratégicos, aprobada la semana pasada en el Parlamento. Asimismo, se ha prohibido el estacionamiento de minibuses y autobuses sin reserva previa en puertos y aeropuertos.
Así lo han explicado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Coordinación de la Acción Gubernamental y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión de la Comisión de Lucha contra las Prácticas Ilegales.
El encuentro sirvió para presentar las medidas iniciales y líneas de trabajo de los grupos sectoriales que integran el Comité, centrados en el alojamiento turístico, el transporte terrestre y el alquiler de embarcaciones, así como en las actividades comerciales, industriales y de ocio ilegales.
“Hoy, el Comité de Lucha contra las Prácticas Ilegales pasa de su creación a la acción. Ninguna administración por sí sola puede abordar eficazmente un fenómeno tan transversal y complejo como las prácticas ilegales, y es precisamente por eso que hemos creado un foro de coordinación permanente que nos permitirá actuar con mayor eficacia, compartir información y fortalecer nuestra respuesta a las actividades irregulares”, afirmó Estarellas.
Destacó la importancia de la colaboración entre administraciones. “Se trata de poner orden, no de perseguir”, afirmó, al tiempo que explicó que los grupos de trabajo del Comité revisarán las normas para identificar áreas de simplificación.
Según explicó el director general de Movilidad, las dos medidas mencionadas anteriormente forman parte de un paquete para reforzar la lucha contra las prácticas no autorizadas en el sector del transporte. Además, presentó iniciativas para incrementar la capacitación y fortalecer la coordinación entre las autoridades locales y la policía.
Estos cambios legislativos, señaló, se han desarrollado en colaboración con el sector privado legal, con el objetivo de mejorar la eficacia de las acciones contra la actividad ilegal. En el caso específico de la captación ilegal de pasajeros, Del Valle enfatizó que, hasta ahora, la normativa no la define adecuadamente y es “prácticamente imposible” sancionar dicha actividad.
Con el cambio normativo aprobado, por ejemplo, ahora se establece que es ilegal colocar un cartel para solicitar pasajeros en puertos y aeropuertos fuera de las oficinas de la empresa de transporte. Estas infracciones ahora se castigarán con multas de entre 6.000 y 12.000 euros.
Asimismo, se ha prohibido el estacionamiento de minibuses y autobuses no reservados con antelación en zonas como aeropuertos, puertos y estaciones de transporte público. Esta nueva prohibición se considera ahora una infracción muy grave y puede conllevar multas de entre 1.001 y 6.000 euros.
En el caso de los vehículos de alquiler privado (VTC), el Gobierno ha aumentado las sanciones por recoger clientes en la vía pública o prestar servicios sin autorización. En consecuencia, estas actuaciones tendrán la consideración de infracciones muy graves y podrán ser sancionadas con multas que oscilarán entre 6.001 y 12.000 euros.