Mediante la modificación de las disposiciones contenidas en la ley de turismo de 2012, el Gobierno balear ha reforzado las medidas que los consells insulares pueden adoptar para acabar con el alquiler vacacional ilegal.
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Mediante la modificación de las disposiciones contenidas en la ley de turismo de 2012, el Gobierno balear ha reforzado las medidas que los consells insulares pueden adoptar para acabar con el alquiler vacacional ilegal.
Estos abordan específicamente la situación en la que los propietarios de alquileres ilegales continúan comercializando sus propiedades mientras se llevan a cabo procedimientos sancionadores. Estos procedimientos pueden tardar meses; ciertos casos han durado años. Pero a partir de ahora, una vez emitida una orden de cese y desistimiento, la negativa a detener la actividad dará lugar a multas diarias que oscilan entre 500 y 5.000 euros hasta que cese la comercialización ilegal.
La reforma también endurece las consecuencias legales. Si la comercialización continúa después de que los inspectores municipales hayan emitido dos notificaciones de estas multas, los casos se remitirán a la Fiscalía. El asunto entonces se convertirá en un asunto de desobediencia criminal.
Además, estas multas diarias serán independientes de la multa principal por comercialización turística ilegal, por lo que podrán acumularse sin sustituir las sanciones ya establecidas en la normativa vigente.
Estas sanciones se han incrementado en un 25%: hasta 5.000 euros para infracciones leves; 50.000€ por infracciones graves; y un máximo de 500.000 euros para los casos que se consideren muy graves. El gobierno ha introducido un incentivo. Si cesa la comercialización ilegal y la propiedad se pone a disposición para alquiler asequible a precios determinados por los planes gubernamentales para viviendas asequibles, las multas se pueden reducir hasta en un 80%.