Un inspector de Hacienda afirmó ante el tribunal que la inspección de vehículos de Vega Baja gastó en 2005 1,4 millones de euros en agendas promocionales a un precio “exorbitante” para reducir su beneficio imponible y evitar pagar cerca de 500.000 euros en Impuesto sobre Sociedades e IVA.
La declaración se produjo durante la tercera sesión del juicio contra el alcalde de Orihuela, José Vegara, que era codirector general de la empresa, otros tres consejeros y el representante de Oricofi, empresa que vendió el material publicitario. Los acusados están siendo juzgados en el Juzgado de lo Penal de Orihuela por presunto fraude fiscal y falsedad en documentos mercantiles.
Según las conclusiones preliminares de la fiscalía, cada acusado se enfrenta a una petición de siete años de prisión.
El caso se centra en la compra de 100.000 agendas promocionales que, según la oficina de inspección de vehículos, estaban destinadas a ser obsequios para los clientes. La empresa pagó 17 euros por cada diario, aunque el inspector de Hacienda dijo que su precio real en el mercado era inferior a 1,30 euros.
El inspector dijo al tribunal que este gasto, registrado en las cuentas de la empresa en 2005, permitió a la empresa aumentar artificialmente sus costes y reducir su beneficio declarado. Dijo que el objetivo era reducir la cantidad adeudada en Impuesto sobre Sociedades e IVA en unos 488.000 euros.
Los 1,4 millones de euros gastados en las agendas representaron alrededor de una cuarta parte de la facturación de la empresa ese año y superaron incluso los costes de personal.
El inspector calificó el precio de “artificial”, “completamente ficticio” y “exagerado”. Dijo que la transacción fue real en el sentido de que los diarios fueron entregados, pero no en el valor que se les asignó en las facturas.
“Si el gasto no refleja la realidad, no puede ser deducible”, dijo al tribunal.
La investigación se centró en tres facturas vinculadas a la compra del diario. El inspector dijo que esas facturas eran relevantes porque estaban incluidas como gastos en las cuentas de 2005 de la empresa y afectaban tanto al Impuesto sobre Sociedades como al IVA.
Dijo que el único propósito que pudo identificar fue “reclamar más gastos” para que la empresa pagara menos impuestos. Cuando se le preguntó si consideraba los gastos ficticios, dijo que sí y añadió que los costes habían sido inflados artificialmente para reducir el beneficio fiscal declarado de la empresa.
El contrato era entre la estación de inspección de vehículos de Vega Baja, donde Vegara y otros tres acusados eran directores ejecutivos conjuntos, y Oricofi, representada por el cuarto acusado.
El inspector dijo que el precio llamó inmediatamente la atención. Explicó que las agendas se compraron inicialmente por unos 1,31 o 1,32 euros cada una. Luego pasaron por varias empresas intermediarias, subiendo primero a 1,56 euros y luego a 1,97 euros.
Dijo que esos aumentos podrían explicarse por márgenes de beneficio normales. Sin embargo, considera injustificado el salto de menos de 2 euros a 17 euros por día.
El testigo dijo que esto representaba un aumento de alrededor del 5.000%.
El inspector compareció ante el tribunal en lugar del funcionario tributario que inició el procedimiento de inspección en 2019 y desde entonces falleció. La defensa había intentado anteriormente, sin éxito, impedir su testimonio.
Interrogado por la Fiscalía y la Fiscalía del Estado, el inspector afirmó que se atenía al informe de infracción elaborado por su colega. Sin embargo, también dijo que él mismo revisó el expediente y corrigió parte del cálculo del impuesto, eliminando partidas que no deberían haber sido incluidas en la deuda tributaria de 2005.
Insistió en que no se limitó a aceptar el informe anterior, sino que comprobó si sus conclusiones estaban respaldadas por los documentos del expediente.
El inspector afirmó que una empresa con una facturación anual de unos seis millones de euros no podría justificar gastar alrededor de una cuarta parte de esa cantidad en agendas cuyo coste original era de poco más de un euro cada una, a menos que existiera una verdadera razón económica.
En su opinión, se trata de pruebas contundentes de irregularidades.
Los abogados defensores cuestionaron cómo la Agencia Tributaria había llegado a la conclusión de que 17 euros por diario era excesivo. El inspector respondió que la propia cadena comercial ya mostraba el valor real de los diarios. Dijo que no era necesario basarse en comparaciones generales con otros planificadores personalizados porque este caso involucraba transacciones específicas entre empresas independientes.
El inspector, que dijo conocer bien el sector de la inspección de vehículos, agregó que estos negocios suelen tener altos márgenes de ganancia porque brindan un servicio regulado a través de personal calificado, equipos y una concesión administrativa.
Por esa razón, dijo que no tenía sentido económico que la empresa registrara gastos tan elevados en publicidad de terceros. Describió la situación como “literalmente imposible”.
También comparó el costo de las agendas con la masa salarial de la empresa, diciendo que los gastos de publicidad fueron similares a lo que la empresa gastó en todos los salarios del personal ese año. En su opinión, esto no era realista para la estructura y la actividad de la empresa.
El inspector también se refirió al movimiento del dinero después de realizados los pagos. Dijo que algunas cantidades se depositaban en cuentas bancarias y luego se retiraban rápidamente en efectivo, mientras que otras se endosaban a una tercera empresa.
Fue cauteloso en su explicación, porque esas transacciones no son el tema central del juicio. Sin embargo, dijo que los movimientos eran relevantes. Sugirió que el dinero pagado por las agendas pudo haber sido devuelto a personas o empresas vinculadas a la estación de inspección de vehículos.
Dijo que las retiradas inmediatas de efectivo demostraron que el dinero no permaneció en Oricofi, la empresa que facturó las agendas a 17 euros cada una. En el caso de los pagos avalados, dijo que la cuestión clave era determinar dónde terminaron finalmente los fondos, porque eso podría mostrar si las ganancias fueron transferidas a terceros.
El inspector también destacó el informe de auditoría de la empresa. Dijo que la auditoría ya incluía reservas sobre las cuentas, lo que la Agencia Tributaria consideró una importante señal de alerta.
Según el inspector, los auditores generalmente están cerca de la dirección de las empresas que examinan, por lo que un informe de auditoría con salvedades es especialmente relevante. Dijo que la firma auditora, que continúa trabajando con la empresa, detectó una anomalía que involucra un gran monto de gastos, aunque no investigó más.
El juicio, que había sido pospuesto varias veces y que inicialmente se esperaba que durara tres sesiones, ahora durará cinco. La audiencia final está prevista para el 16 de julio, víspera del Día de Orihuela y durante las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de la ciudad.
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