Una billetera abierta junto a una computadora portátil. Pexels
Ticketmaster está en la mira de la OCU, la organización independiente de defensa del consumidor española, acusada de cobrar comisiones abusivas
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclama al Ministerio de Consumo que denuncie a Ticketmaster por lo que considera una vulneración de los derechos de los consumidores. Denuncia a la empresa por introducir en el punto de venta cargos “irregulares” y “abusivos”, sin una declaración clara previa, y sostiene que no existe ninguna razón válida para la introducción de estos cargos, salvo la de lucrarse con un aumento significativo del precio del producto vendido.
Los cargos ocultos engañan a los compradores
La OCU alega que el vendedor de entradas por internet está realizando dos cobros de comisión, obligando injustamente a los compradores a pagar un precio superior por las entradas, sobre todo porque ninguno de los cobros se muestra hasta que la persona que las compra está en el momento de realizar la transacción.
Las dos comisiones independientes consisten en un cargo fijo de dos euros por servicio, seguido de una comisión de gestión de hasta el 13%, que solo se indica en un enlace semioscuro junto al precio de la entrada. Según la OCU, esto supone un aumento inesperado y significativo del precio original de la entrada en el último momento, lo que hace creer al cliente que pagará menos.
Comisiones consideradas injustas
La OCU insiste en que estos cobros son «injustificados, abusivos y poco transparentes» no sólo porque -como afirma la propia empresa- «es el único canal que tienen los usuarios para comprar entradas en Ticketmaster», sino también porque en este caso es el comprador quien gestiona toda la gestión de la compra de entradas, incluida la introducción de datos y los detalles del pago.
Por lo tanto, se estipula que cuando Ticketmaster es una empresa intermediaria, que no ofrece servicios de gestión propios (por ejemplo, un aviso de cancelación personalizado posterior a un reembolso o la entrega de entradas a la dirección del comprador), el cobro de esta comisión adicional es abusivo y no se ajusta a las regulaciones de derechos del consumidor, que establecen que solo los sitios web de reventa están legalmente autorizados a cobrar una tarifa de gestión y que, en todos los casos, dicha tarifa debe mostrarse claramente desde el inicio de la compra.
Es por las razones expuestas anteriormente que el organismo de protección del consumidor insiste en que Ticketmaster está obligado a responder por sus acciones y ha solicitado que el Ministerio de Consumo sancione a la empresa y obligue a Ticketmaster no sólo a dejar de cobrar estas tarifas sino también a ofrecer una compensación a quienes la reclamen, en forma de reembolso completo de los cargos antes mencionados.