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Los datos del segundo trimestre del Consejo General del Poder Judicial indican que Baleares tiene la segunda tasa de desahucios más alta de España. Hubo 245 desalojos, un aumento interanual de poco menos del cuatro por ciento. De ellos, 204 fueron por impago del alquiler o por haber expirado el plazo de alquiler contratado, lo que supone un aumento del 4,6%. En concreto, en el caso del alquiler, la tasa fue de 16,6 desahucios por cada 100.000 habitantes; el promedio nacional fue 10,9.
El economista Pau A. Montserrat, profesor de la Universitat de les Illes Balears, vincula esta tasa de desalojos con los elevados precios del alquiler y con la inseguridad jurídica a la que tienen que enfrentarse los propietarios. Según él, los alquileres son tan altos precisamente debido a esta incertidumbre y no porque los propietarios quieran especular.
“Los precios son tan altos porque hay mucha inseguridad jurídica. Los propietarios saben que se enfrentan a la posibilidad de impago, y si los inquilinos se consideran vulnerables, es muy difícil desalojarlos. Tienen que acudir a los tribunales, que son muy lentos.
“Si pudiéramos dar seguridad a los propietarios, los alquileres no serían tan altos. Cuando terminan los contratos y se hacen renovaciones, los precios suben porque hay muy poca oferta; hay muy pocas viviendas que los propietarios quieran alquilar. Esto significa que las familias que se han visto obligadas a alquilar, con el tiempo y con salarios muy limitados, no pueden pagar el alquiler”. El ochenta y cinco por ciento de los desalojos de inquilinos en el segundo trimestre de este año fueron por impago del alquiler.
“Mientras tengamos un parque de viviendas tan pequeño, no haya viviendas sociales para alquilar y tengamos salarios tan limitados por la productividad del sector hotelero, nos enfrentaremos a este problema: familias que no podrán pagar el alquiler.
“Las medidas adoptadas por los gobiernos, lejos de contener los precios, pueden tener el efecto contrario. Se produce una reducción de la oferta si se limitan los alquileres y los propietarios se enfrentan a la inseguridad jurídica. Esto a su vez conduce a precios más altos, declarados o no”.