Los documentos desclasificados por el Gobierno despejan la primera incógnita sobre la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta. El Estado sabía que algo grave podía suceder y la advertencia fue concreta y detallada. El 29 de julio, el CNI comunicó que al día siguiente se preparaba un intento de entrada por mar y por la valla. Señaló la hora de la convocatoria y explicó que sus promotores pretendían aprovechar la Fiesta del Trono, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes estarían ocupadas. Los dos grupos que difundieron la convocatoria tenían más de 180.000 seguidores, una cifra que permitía calibrar el alcance real del llamamiento.
De los papeles se desprende que este aviso del CNI circuló y llegó a quienes tenían capacidad para reaccionar a través de WhatsApp, notas y llamadas. La Delegación del Gobierno, de hecho, mantuvo una llamada de una vez minutos con un agente del CNI. La Guardia Civil, por su parte, recibió otra advertencia y también habló durante siete minutos con el CNI.
¿Qué se hizo con esta información? Los informes corroboran que el CNI detectó la amenaza, tratada de evaluar su alcance y la trasladada con antelación. La diligencia no fue la misma en algún punto posterior de la cadena. Ese fallo impidió articular una respuesta operativa proporcionada y reforzar la frontera para contener la avalancha. El resultado fue una de las mayores crisis migratorias y de seguridad vividas en España.
Resulta inquietante la reacción posterior de la Delegación del Gobierno de Ceuta, que desmintió a Margarita Robles en público y dijo que no había recibido ninguna advertencia. Los papeles contradicen su versión y obligan a preguntarse si actuó con incompetencia o quiso ocultar lo sucedido.
La desclasificación prueba que existía información suficiente para activar una respuesta extraordinaria. El Gobierno debe explicar ahora dónde se detuvo esa respuesta y quién decidió que aquella advertencia no requería mucho más.
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